AHORA O NUNCA

Dentro de las cosas que pueden reconocerse como positivas del actual gobierno se encuentra, sin lugar a dudas, el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De este tema hay que decir, primero que nada, que esta ley es una vieja deuda de la democracia. La actual ley (22.285 de radiodifusión) es un decreto que pronto cumplirá treinta años. Si, sacaste bien la cuenta, la actual es una ley de la dictadura, que lleva la firma, entre otros, del genocida Jorge Rafael Videla y su minstro de Economía José A. Martínez de Hoz. Es una ley que fue elaborada dentro del marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Que solo fue modificada en algún artículo en la década del noventa por el gobierno de Carlos Menem, para permitir la concentración de medios, la monopolización de la información. Para permitir que multimedios como Clarín se auto adjudicaran el supuesto derecho de informar que estaba lloviendo cuando en realidad nos estaban meando encima.

El anteproyecto de ley tiene la particularidad de haber surgido de la sociedad civil a partir de los 21 puntos propuestos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Durante este año se realizaron en todo el país, foros de debate, a través del COMFER cuyo titular es Gabriel Mariotto, para escuchar aportes que tiendan a mejorar el ante proyecto antes de ser enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Entre alguno de los puntos, que lo hacen merecedor al título de “uno de los más avanzados del continente” está la división del espectro radioeléctrico en tres partes iguales (el 33 por ciento para los medios privados con fines de lucro, el 33 por ciento para el Estado en sus distintos estamentos y 33 por ciento para las organizaciones comunitarias). Es un ante proyecto que apunta, entre otras cosas, a la regulación del otorgamiento de licencias, que postula el acceso por televisión a un evento tan significativo como el fútbol (una de las grandes pasiones de los argentinos que hasta aquí es monopolizado por una empresa que hace que los goles que se convierten un viernes a las siete de la tarde, recién puedan verse el domingo siguiente después de las diez de la noche), que apuesta por más pantalla para el cine nacional, que pretende “garantizar el ejercicio universal para todos los ciudadanos del derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones y que constituya también un verdadero pilar de la democracia, garantizando la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión.”

Todas estas cosas, en un país que rige su radiodifusión con una ley promulgada por una dictadura que se llevó puesta a una generación entera, deberían ser motivos de sobra para debatir y sancionar la nueva ley cuanto antes. Sin embargo, ante la invitación al dialogo hecha por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es notorio que ningún partido político de la oposición haya tenido en cuenta este tema como uno de los prioritarios dentro de la agenda política. Y que solo se hayan referido al tema, en general, para criticar al anteproyecto. Claro que si saltaron para acusar al gobierno ante una supuesta interferencia a la señal de cable TN, propiedad del Grupo Clarín, acusación que luego quedó en la nada. Menos lo hizo la presidenta de la comisión de libertad de expresión de la Cámara Baja, la diputada radical Silvana Giudici, que si se escandalizó cuando el titular del COMFER, Gabriel Mariotto, admitió con honor haber participado de una “radio trucha” (siendo que así se conocía a las radios comunitarias hasta que se les otorgaron los permisos precarios y provisorios para transmitir).

El tiempo pasa y la ley no se sanciona. Ni siquiera ingresa al Congreso para su discusión. Pronto el decreto ley 22.285 cumplirá treinta años. Hasta aquí, siempre con la misma excusa, se ha venido evadiendo la sanción de una nueva ley, que es una necesidad urgente. Si el tema no se trata antes de diciembre, el nuevo mapa político no dará ninguna garantía. Pareciera ser que es ahora o nunca. Ojalá sea ahora. Es una vieja cuenta pendiente de la democracia. Y una vergüenza que un país que se pretende serio, se siga rigiendo con una ley firmada por asesinos.