Honduras sigue viviendo momentos difíciles. En unos días se va a cumplir un mes desde que un comando del Ejército sacó a patadas y en pijamas al Presidente Manuel Zelaya para luego expulsarlo del país. ¿El pecado cometido por el mandatario? Convocar a una consulta popular para saber si el Pueblo estaba dispuesto a una reforma constitucional, que le permitiera a Zelaya presentarse con el fin de un segundo mandato de gobierno. Vale decir que hasta aquí la Constitución hondureña solo permite un solo período de cuatro años.
El golpe, como tantos otros que se han vivido en América Latina, es un golpe cívico militar. Cuenta con el apoyo de sectores empresariales, la Iglesia Católica y medios de comunicación. Todas esos sectores se han encolumnado detrás de la figura de Roberto Micheletti, hasta el veintiocho de junio, presidente del Congreso hondureño. Seguramente los golpistas habrán imaginado otra reacción de la comunidad internacional, que no ha reconocido al gobierno de facto como legítimo y se ha manifestado, en general, por la vuelta de Zelaya al poder. Razón por la cual el gobierno ilegítimo comienza a sentirse aislado y son estas horas decisivas para el futuro de Honduras.
Mientras siguen las gestiones para que la vuelta de Zelaya se concrete, algunas opiniones por estos pagos no dejan de sorprendernos. Una señora muy mayor había inaugurado los comentarios a favor de despreocuparse de la situación hondureña, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Centroamérica para mediar en pos del retorno del Presidente depuesto.
A estas declaraciones se sumó hace ya algunos días Francisco De Narvaéz, quien manifestó en una entrevista que lo de Honduras era “una advertencia para otros presidentes de la región y que había que respetar la constitución o las leyes sin ser reformadas durante treinta años”. De esto no puede más que deducirse que el empresario y diputado electo avala que, ante cualquier intención de reelección de un mandatario, lo que cabe es el golpe, la destitución mediante la fuerza. Para qué esperar a ver que es lo que dice el pueblo en las urnas. A ver si todavía esa voluntad es contraria a otros intereses. Y en cuanto a la propuesta de no modificar las leyes durante treinta años, que más podríamos hacer que recordar que la ley de radiodifusión, sancionada por la última dictadura argentina, está cercana a cumplir esa cantidad de años.
Las declaraciones del empresario de orígen colombiano son lamentables. Y serían solo una anécdota si este no hubiese obtenido la mayor cantidad de votos en la Provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones legistlativas en nuestro país. Por el bien de la democracia, este blog espera la vuelta de Zelaya al poder en Honduras. Y celebra que exista la democracia, con todas sus imperfecciones y limitaciones, en todo el continente latinoamericano.
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